¿Suscribe la normativa actual una política comprometida y activa con la Educación Inclusiva?

Abstract

Este trabajo analiza críticamente la normativa actual relativa a las necesidades educativas especiales, preguntándose si responde a una política activa y comprometida con la inclusión educativa. En primer lugar, señalamos como la LOE (2006), redefine el concepto de necesidades educativas especiales, refiriéndose ahora a dos grupos concretos de alumnos/as, con discapacidad y con trastornos graves de conducta, que requieren servicios especiales. Este es un significado muy diferente al concepto de necesidades educativas especiales del Informe Warnock, en el que se concibe un continuum de necesidades para acceder al currículum, que se enfrenta al sistema de clasificación y a la organización del apoyo según el tipo de discapacidad. En segundo lugar, analizamos la normativa en Andalucía, centrándonos en los tres aspectos esenciales: la evaluación psicopedagógica, las adaptaciones curriculares y el dictamen de escolarización, comparando la situación antes y después del 2006, evidenciamos un retroceso a formas tradicionales de educación especial. Finalmente, nos preguntamos cómo es posible que esta normativa sea aceptable en un país que ha ratificado (2008) la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y concluimos que una política que hace depender ña respuesta a las necesidades especiales de los recursos especial corre el riesgo no sólo de no mejora la enseñanza para todo el alumnado en el sentido adecuado, sino de dejar sin ayuda al alumnado más necesitado en una época de crisis en la que lo que esperamos son más “recortes”